Los planes económicos del Gobierno que contemplan una mayor proporcionalidad entre los impuestos de sucesiones autonómicos han puesto en alerta a muchos ciudadanos que han optado por donaciones o herencias en vida en previsión de futuras subidas impositivas.
La llamada `armonización fiscal´ que prepara el ministerio de Asuntos Económicos ha propiciado una inquietud entre los contribuyentes que se ha traducido en un aumento de las donaciones y herencias en vida. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre transmisiones de propiedad de bienes inmuebles reflejan que en el mes de mayo se han producido 5.024 donaciones, lo que representa un incremento interanual del 234%. En comunidades como Madrid las donaciones se han disparado hasta un 422%; de las 68 registradas en mayo del año pasado se ha pasado a 355 en el mismo periodo de 2021.
Los expertos avisan que donar en vida no siempre sale rentable. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta al legar los bienes en vida es que el Impuesto de Donaciones obliga a tributar en concepto de ganancia patrimonial en el IRPF. Hay que hacer números porque si es dinero líquido, puede compensar, pero si es una vivienda que se ha revalorizado mucho, Hacienda lo repercute en la renta y hay primero que evaluar el coste tributario. Tras la reciente aprobación de la Ley Antifraude se penaliza la venta de bienes obtenidos mediante pactos sucesorios si esta se produce en vida de quien los legó y en los primeros cinco años tras recibirlos.
Las grandes diferencias fiscales existentes en cuanto a los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones han puesto sobre el tapete la necesidad de reducir la brecha entre comunidades cuyas tasas son gestionadas al 100% por los gobiernos autonómicos. En la Comunidad Valenciana, la región más cara para heredar en España se puede llegar a pagar 14 veces más que en Madrid. La capital junto con Navarra, Canarias, País Vasco y La Rioja cuenta con los tipos impositivos más bajos. En el otro extremo Cantabria, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana, los más altos.
El informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021, elaborado por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE) estima que, en una herencia de 800.000 euros, en los que 200.000 se corresponden a la vivienda habitual del fallecido, la diferencia entre lo que se tributa en cada comunidad puede ascender hasta 100.000 euros. En Asturias, por la herencia anteriormente mencionada, habría que abonar 103.135 euros y en Castilla y León unos 81.000, en Andalucía, Cantabria y Galicia no se pagaría nada. En el caso del impuesto de donaciones, la brecha es aún más grande. Para los mismos 800.000 euros donados en metálico, la diferencia entre comunidades supera los 200.000 euros.
Mayor carga impositiva
Que una comunidad autónoma exija un menor impuesto a sus ciudadanos no significa que ingrese menos dinero por sus tributos, aunque sí ha puesto sobre la mesa el debate sobre la necesidad de una concordancia en las cargas impositivas, que supondría una subida de facto en aquellos territorios donde la tributación es ahora más baja. La medida tendría también como objetivo, según el ministerio de Asuntos Económicos, acercar la presión fiscal nacional a la media europea. Aunque los datos reflejan que la carga impositiva no es menor aquí que en el resto de Europa. De acuerdo con el Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation, divulgado por el Instituto de Estudios Económicos, el diseño normativo de la imposición patrimonial en España supone una carga un 41% superior a la observada en el conjunto de la UE-27. Considerando los impuestos de sucesiones y de patrimonio, solo Italia está por delante de nuestro país superando en un 51% el promedio comunitario.
La patronal madrileña CEIM recalca en su informe La tributación del ahorro y su incidencia en la reactivación económica desde la perspectiva de la competitividad regional que «la tendencia internacional en relación con este tributo apunta a la desaparición o bonificación total. En concreto el Impuesto sobre Sucesiones no se aplica o es residual (recauda menos del 0,1% del PIB) en 15 Estados miembros de la UE, como Croacia, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Hungría, Eslovenia, Suecia, Estonia, Rumanía y Eslovaquia». La patronal advierte además que «la tributación efectiva sobre el ahorro en España genera doble imposición y es confiscatoria. Erosiona por completo los rendimientos e incluso los mengua, una situación sin parangón en nuestro entorno comparado», explican.
La situación económica adversa consecuencia de la pandemia ha provocado un aluvión de renuncias a herencias ante el miedo de los beneficiarios a recibir más deudas y obligaciones tributarias en un contexto de crisis económica. El pago de impuestos es la principal causa del desestimiento en nuestro país donde el número de rechazos se ha multiplicado en los últimos años. En apenas una década, en España se ha pasado de 18.900 renuncias a herencias de familiares o allegados en un año, a cerca de 45.000 renuncias, según los datos del Consejo General del Notariado.
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